Un proyecto piloto probará la eficacia de la mediación en los procesos penales

El servicio de Justicia en Málaga contará antes del verano con una nueva fórmula de solución de conflictos en los juzgados. Se trata de la mediación en los procesos penales, un proyecto piloto con el que se pretende ofrecer una respuesta judicial más eficaz y satisfactoria tanto para víctimas de delitos como para los autores de los mismos, al tiempo que persigue reducir, en la medida que sea posible, la litigiosidad en los juzgados.

Mediante este sistema, un mediador imparcial establece un proceso de diálogo y comunicación confidencial entre la víctima y el infractor que tiene como objetivo resolver el conflicto derivado del delito. «De esta forma se hace posible la reparación del daño causado, permitiendo a la víctima ser escuchada y resarcida y responsabilizando al autor del delito sobre las consecuencias de su acción, de manera que además en muchos casos pueda conseguir una atenuación de la pena», explica el juez decano de Málaga, José María Páez.

Se trata de una experiencia que ya se está desarrollando de forma experimental, con buenos resultados, en el País Vasco y Cataluña. En Andalucía, el primer ensayo se está llevando a cabo en Jaén, aunque en esta capital sólo participan en el proyecto dos juzgados (uno de instrucción y uno de lo penal).

En el caso de Málaga, ya se cuenta con tres jueces de instrucción y tres de lo penal que se han presentado de forma voluntaria a intervenir en esta experiencia de mediación penal. Para ejercer el papel de mediadores se dispone ya con profesionales de la psicología pertenecientes a tres ONG. La Junta de Andalucía, por su parte, ha cedido y habilitado unas instalaciones en la segunda planta de la Ciudad de la Justicia para poder poner en marcha el servicio.

Cada juez decidirá qué casos y delitos son susceptibles de mediación y los remitirá al mediador que se podrá en contactos con las partes.

«De esta forma se eludirá muchas veces ir a juicio, al dictarse sentencias de conformidad. También se evitará la doble victimización al perjudicado por el delito, ahorrándole citaciones y presentaciones en los juzgados», explica Francisco Ontiveros, uno de los seis magistrados de la capital que participa en el proyecto.